Ceuta sigue siendo el escenario de una pregunta que no encuentra respuesta clara: casi un mes después de la llegada masiva de decenas de miles de personas, nadie sabe con certeza cuántos migrantes permanecen todavía en la ciudad. Y hay otra cuestión que rebota una y otra vez. Si cruzaron la frontera de forma irregular, saltándose las leyes, ¿por qué no se les ha devuelto a Marruecos o a sus países de origen? El Gobierno asegura que la inmensa mayoría de quienes llegaron a finales de julio ya se habían marchado pocos días después, pero en Ceuta siguen existiendo asentamientos consolidados, como el de El Trampolín. La explicación no es sencilla. Es un cóctel que mezcla factores regulatorios, sociales y de política interna y externa.
Cuántos quedan y por qué las cifras no cuadran
Empecemos por lo más básico. Se calcula que a finales de julio entraron de forma irregular unos 72.000 inmigrantes, aunque hay quien eleva la horquilla a 80.000. De esos, 70.000 ya estaban fuera de la ciudad pocos días después. A partir de ahí, un baile de números que cambia según quién los aporte. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, llegó a deslizar que todavía hay más de 10.000 personas vagando por las calles, playas, colinas y barrancos de Ceuta. El Gobierno, por su parte, terminó admitiendo que al menos 2.200 migrantes siguen en las calles. La ministra Elma Saiz explicó que Interior había priorizado la filiación de los menores, ya con 2.500 casos tramitados, una respuesta que dice mucho por lo que calla.
El problema de fondo es que no todos están en la misma situación. Hay adultos y hay menores. Hay gente que procede de países considerados seguros, como Marruecos, y otros llegados de naciones no seguras, una lista donde entran Sudán, Siria o Afganistán. Puede haber incluso quien se declare apátrida. Y sobre todo, es probable que muchos soliciten asilo, una petición que las autoridades españolas no pueden ignorar sin más. Cada perfil abre un camino distinto.
Alojamiento, leyes y el recuerdo de 2021
La avalancha se concentró en 48 horas en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes censados, tensionada a nivel institucional, político y social. Una de las cuestiones más delicadas es dónde alojar a los recién llegados, porque esos espacios deben cumplir unos mínimos. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha rechazado de plano usar los polideportivos e incluso amenaza con encerrarse para impedirlo. Y no es un detalle menor: si se retrasa el alojamiento, se retrasa también el control y la filiación necesarios para poner en marcha la maquinaria administrativa que puede acabar en una devolución.
Link affiliatoLuego está el marco legal. La Ley Orgánica 4/2000 y su desarrollo en el Decreto 1155/2024 establecen que la expulsión debe seguir un procedimiento ajustado a cada caso, con un régimen específico para los menores. Y pesa el calendario. Todos los que entraron entre el 30 y 31 de julio superaron las 72 horas de estancia, el plazo tras el cual la expulsión se complica. Ahí entran en juego los centros de internamiento y, en Ceuta, el CETI, con trámites que pueden durar meses.
Sobre todo esto planea el recuerdo de 2021, cuando la repatriación exprés de menores marroquíes le costó a dos cargos del Gobierno ceutí una condena de nueve años de inhabilitación. Saiz lo resume así: no son actos automáticos, hay que conocer la historia de vida de cada persona. Vivas, en cambio, denunció que el Gobierno resuelve entre 25 y 30 expedientes al día, un ritmo con el que, según él, no saldrían todos de Ceuta ni en un año. De fondo, Bruselas ha abogado por el retorno rápido a Marruecos de todos los irregulares, incluidos los menores, apoyándose en la directiva de retornos y en el reglamento de junio que endurece las normas.
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Imagen: xataka.com