El Algarrobico es probablemente el edificio más absurdo de toda España, veinte plantas y 411 habitaciones plantadas sobre la arena de una de las playas más vírgenes del Mediterráneo, y en dos décadas no ha dormido nadie dentro salvo las ratas. Desde 2006 esta mole blanca sigue clavada dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sin abrir jamás sus puertas. Desde la carretera parece un trasatlántico encallado, un bloque de cemento picoteado de acné sobre una Reserva de la Biosfera rodeada de praderas de posidonia entre las mejor conservadas del Mediterráneo. En Carboneras, un pueblo de 8.458 habitantes, todos guardan algún recuerdo de aquel día en que empezó a levantarse.
El pelotazo que nació torcido
Todo arranca en 2003. El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado entonces por el PSOE, concede una licencia de obras a la promotora Azata del Sol para levantar un complejo justo sobre la playa. El problema es que el terreno estaba protegido, clasificado como no urbanizable por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. Cambiar eso exigía una modificación formal, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz y publicada en el BOJA. Alguien decidió saltarse el camino largo y sustituyó el procedimiento legal por una reclasificación de hecho. La Fiscalía diría después que la maniobra era nula de pleno derecho, porque nunca hubo acuerdo del Ejecutivo ni publicación oficial. Durante unos años bastó, y la constructora empezó a echar hormigón sobre las dunas.
En 2005 una treintena de activistas de Greenpeace protestó frente al hotel, pero nada lo detuvo. Para 2006 el edificio estaba casi terminado, 43.840 metros cuadrados construidos y unos 60.000 metros cúbicos de residuos potenciales si algún día se llegaba a derribar. Entonces llegó el primer juzgado.
Dos décadas metidos en un callejón sin salida
En febrero de 2006 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó parar las obras. A partir de ahí, El Algarrobico se convirtió en el caso urbanístico más enrevesado de España, con más de una decena de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmando, una y otra vez, que el hotel se construyó en suelo protegido y que debe demolerse. Los ecologistas pintaron un “ILEGAL” gigante en la fachada, cubrieron el edificio con 18.000 metros de tela verde y hasta reunieron más de 27.000 firmas por su derribo.
Link affiliatoEl bucle es casi cómico. El Supremo dice que antes de tirar el hotel hay que anular la licencia municipal. El Ayuntamiento se niega a anularla. Y sin licencia anulada, no hay derribo posible. Mientras tanto la expropiación avanzó por otra vía, y en febrero de 2025 el Gobierno central declaró la utilidad pública de los terrenos ocupados dentro del dominio público marítimo-terrestre. Azata del Sol recurrió, y en agosto de 2025 el Ministerio para la Transición Ecológica cerró la vía administrativa. La pelea pasó al dinero, el Gobierno ofrece 16.496 euros por el suelo y la promotora exige 44,5 millones.
El desbloqueo llegó el 7 de julio de 2026, cuando el Pleno de Carboneras aprobó al fin, en segundo intento, anular la licencia de 2003. Votó a favor el alcalde Salvador Hernández, de Ciudadanos, junto a 7 concejales, mientras 4 ediles abandonaron la sala justo antes de votar. Con la licencia anulada desaparece el último obstáculo administrativo. Un informe de la empresa pública Tragsa, de 2012, calculó el coste de demolición y restauración en 7,1 millones de euros, una factura que el paso del tiempo ha podido inflar hasta un 50%. El 27 de julio de 2026 Greenpeace registró un escrito exigiendo a Carboneras que active ya el procedimiento de derribo.
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Imagen: xataka.com