Los servidores de IA de última generación casi nunca viajan en línea recta desde la fábrica hasta el cliente final. Se diseñan en un país, se fabrican o encapsulan en otro, terminan montados dentro de sistemas completos y luego pasan por distribuidores, centros de datos y compradores. En todo ese recorrido hay controles de exportación, declaraciones de uso y verificaciones pensadas para impedir que cierta tecnología llegue a destinos vetados. Y justo ahí está el problema que ha salido a la luz en Taiwán, donde, según los fiscales, algunas de esas barreras se saltaron desde dentro. En el centro de todo, los chips de NVIDIA.
Cómo funcionaba el esquema, según la Fiscalía
La acusación ya está sobre la mesa. La Fiscalía del Distrito de Keelung ha imputado a nueve personas. Ocho aparecen ligadas al presunto plan para exportar ilegalmente servidores de IA de gama alta, y entre ellas figuran un empleado de NVIDIA Taiwan y dos de Super Micro Taiwan. El noveno acusado está en otra rama del caso, relacionada con el supuesto vaciamiento patrimonial de una distribuidora, donde también aparecen dos de los otros ocho. Conviene subrayar una cosa: se trata de personas concretas, no de cargos contra NVIDIA o Super Micro como empresas.
El pedido, cuenta la Fiscalía, comprendía 130 servidores de Super Micro equipados con tecnología B300 de NVIDIA. Sobre el papel debían quedarse en un centro de datos alquilado en Taiwán, sin reexportación. Pero los investigadores sostienen que varios acusados presentes en una inspección de septiembre de 2025 ya sabían que aquel recinto no tenía ni el espacio, ni la potencia eléctrica, ni el ancho de banda para operar semejante despliegue. Aun así, el pedido se aceptó en tres tandas: 2, 64 y 64 servidores.
De Taiwán a China y el enorme incentivo económico
Aquí llega lo más grave. La acusación afirma que 74 de esos 130 servidores acabaron en manos de clientes chinos por rutas distintas. Dieciséis habrían salido directos hacia China, otros 50 pasaron antes por Indonesia y ocho viajaron a Japón para seguir hacia Hong Kong y, de ahí, a un comprador chino. Los 56 restantes también iban a salir de Taiwán rumbo a una empresa japonesa, pero las aduanas detectaron irregularidades y exigieron una licencia para mercancías estratégicas de alta tecnología. La operación se quedó a medias y esos equipos permanecieron en la isla.
El B300 pertenece a la generación Blackwell Ultra y está pensado para cargas de inteligencia artificial muy exigentes, justo lo que Washington mantiene bajo control cuando el destino es China. Eso no implica que todo esté vetado de forma absoluta: las reglas distinguen entre productos, destinatarios y licencias, y desde 2026 contemplan una revisión caso por caso para ciertos modelos como el H200. Taiwán, además, aplica su propio régimen sobre mercancías estratégicas.
El dinero explica buena parte del interés en saltarse las normas. En China, los servidores B300 rondaban los 7 millones de yuanes, alrededor de 900.000 euros, casi el doble de la referencia estadounidense, situada en unos 500.000 euros. Esa escasez crea una prima muy jugosa para quien logra colarlos en el mercado chino. En este caso concreto, la Fiscalía atribuye a dos de los acusados más de 19 millones de euros de beneficio ilícito por los 74 equipos que sí completaron el trayecto.
Vigilar un acelerador avanzado obliga a mirar mucho más allá de la planta donde nace. NVIDIA es una empresa fabless: diseña los chips y encarga su fabricación a socios como TSMC, cuya producción se reparte hoy entre Taiwán y Estados Unidos, mientras firmas como Super Micro los convierten en sistemas completos que cruzan una red internacional de distribuidores. Por eso las restricciones no se quedan en la primera venta, sino que abarcan al usuario y al destino final. El caso taiwanés es precisamente el retrato de ese desafío.
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Imagen: xataka.com
