Abrir una cuenta en una red social siempre ha sido cosa de un minuto. Un correo, una contraseña, una fecha de nacimiento inventada si hacía falta y listo. En Francia esa costumbre tiene los días contados, porque el país acaba de convertirse en el primero de Europa en aprobar el veto a las redes sociales para menores de 15 años. La ley ya pasó el trámite parlamentario, pero lo complicado empieza ahora: cómo comprobar la edad de la gente, qué datos habrá que enseñar y qué pasa con servicios que no son solo para colgar fotos. Ahí está el verdadero lío.
Una votación que no dejó lugar a dudas
El respaldo fue aplastante. En el Senado votaron a favor 243 senadores y solo 2 en contra, mientras que la Asamblea Nacional aprobó el texto con 279 votos frente a 81. Emmanuel Macron, uno de los grandes impulsores, celebró que Francia se pusiera a la cabeza de Europa con una medida de este calado. El despliegue tendrá dos velocidades: las cuentas nuevas quedarán bloqueadas desde el 1 de settembre y la restricción llegará a las ya existentes a partir de enero de 2027. Todo esto, claro, siempre que el Consejo Constitucional no meta mano en el calendario.
La ley no nombra una a una las plataformas afectadas. Se apoya en las definiciones europeas de plataforma en línea y servicio de redes sociales. TikTok, Instagram y Snapchat son los casos más obvios, pero la cosa se enreda con YouTube, WhatsApp, Reddit o Roblox, donde lo social convive con otros usos. La diputada Laure Miller explicó que en algunos casos el control tocará solo ciertas herramientas. Las enciclopedias digitales y los directorios educativos o científicos quedan fuera del asunto.
El peso recae sobre las empresas
Aquí llega el punto interesante. No habrá multas ni para los menores ni para sus padres. La responsabilidad completa cae sobre las plataformas, que tendrán que verificar la edad, frenar las altas que se salten el límite y cerrar las cuentas cuando acabe el periodo de transición. La ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, defiende que el plazo es realista porque ya existen herramientas de verificación y otras se están puliendo.
Septiembre será la prueba de fuego. Las empresas apenas tienen unas semanas de verano para transformar la obligación legal en controles que funcionen desde el arranque del curso. Y el reto no es solo pillar a los menores, sino confirmar que el resto de usuarios pasa del límite sin montar un proceso imposible de gestionar. Durante el debate, varios parlamentarios pusieron en duda que un sistema tan complejo pueda estar listo tan rápido y avisaron de posibles atajos para esquivarlo, mirando de reojo el caso de Australia.
La privacidad también entra en la ecuación. Comprobar si alguien ha cumplido 15 años no tendría por qué obligar a enseñar toda la identidad. Una de las alternativas que plantea el sector es pasar esa comprobación al propio teléfono, en lugar de pedir documentos por separado en cada aplicación. La idea busca que circulen menos datos personales entre servicios, aunque no queda claro cómo funcionaría ni qué guardaría cada parte.
En España el asunto va por otro camino. Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 que su Gobierno impulsaría la prohibición del acceso a las redes para los menores de 16 años, con sistemas efectivos de verificación de edad. El Ejecutivo presentó enmiendas para meter la medida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores en los entornos digitales. Al escribir estas líneas, la iniciativa sigue en la Comisión de Justicia del Congreso, en fase de informe.
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Imagen: xataka.com
