El acuerdo de paz que Colombia firmó el 24 de noviembre de 2016 parecía destinado a convertirse en una de esas fechas que los escolares estudian durante generaciones. El Gobierno, encabezado entonces por Juan Manuel Santos, y las FARC ponían su firma tras años de negociaciones complicadas, con avances y retrocesos, en lo que debía marcar un punto de inflexión en la historia de narcotráfico y violencia del país. Una década después, sin embargo, el mapa de la coca colombiana es distinto al de aquel año, pero no se ha replegado. Más bien al contrario.
De la ideología al negocio puro
Casi diez años después, el balance no resulta nada halagüeño. Si hubiera que resumirlo en pocas palabras, podría hacerse así: más hectáreas de cultivo, mayor rendimiento, más negocio y menos ideología. Lejos de acabar con la producción de cocaína, el pacto de 2016 solo ha servido para cambiar a sus protagonistas. El espacio que ocupaba la organización insurgente de extrema izquierda se lo reparten ahora grupos armados movidos sobre todo por el lucro.
En este nuevo escenario destacan tres grandes actores. Uno es el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla de izquierdas que extiende su influencia hasta Venezuela. Otro lo forman antiguos miembros de las FARC descontentos con el acuerdo, que ahora actúan como disidentes. El tercero es el Ejército Gaitanista, también conocido como Clan del Golfo, formado por paramilitares de derechas y considerado por María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, como la mayor organización criminal de Colombia.
El problema de fondo es que el Estado no logró ocupar el lugar que dejaron las FARC. Cuando estas bajaron las armas, entregaron al Gobierno el control de muchos territorios donde se sembraba la coca, pero la administración fue incapaz de tomar las riendas. Otros grupos lo hicieron y se abrió un nuevo ciclo de violencia.
Link affiliatoMás hectáreas y métodos más sofisticados
Los números cuentan la historia con crudeza. Según estimaciones de la ONU, la superficie cultivada creció alrededor de un 50 por ciento entre 2018 y 2023, hasta alcanzar las 253.000 hectáreas. El presidente Gustavo Petro aseguró hace unos días que este año la cifra rondaría las 253.358 hectáreas, lo que para él supone una reducción respecto a 2025, aunque sigue por encima de lo que la ONU calculaba en 2022.
No es solo cuestión de extensión. El informe de Naciones Unidas de 2024 detecta también un aumento del rendimiento por hectárea, algo que coincide con la decisión de prescindir de las fumigaciones aéreas con glifosato por su impacto ambiental y sanitario. El Gobierno de Petro no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y recuperarlas con ayuda de drones.
Las nuevas generaciones han profesionalizado la producción, apostando por variedades más productivas, prácticas agrícolas eficientes y laboratorios mejorados. Algunos grupos incluso se han metido en otros negocios ilegales, como la minería de oro.
El efecto traspasa fronteras. El Informe Mundial sobre Drogas de 2025 recordaba que en 2023 la producción se disparó casi un 34 por ciento respecto al año anterior y el consumo pasó de 17 millones de usuarios en 2013 a cerca de 25 millones en 2023. En Europa el volumen interceptado en 2024 se redujo algo más de un 20 por ciento, alejándose de las 419 toneladas de 2023, aunque las incautaciones subieron de 95.000 a 97.000, señal de que los narcos optan por envíos más fragmentados.
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