El pago de un rescate de casi 200.000 euros por parte del ayuntamiento de Cangas de Morrazo ha derivado en una investigación judicial que apunta directamente a uno de sus concejales. Todo arranca en mayo de 2023, cuando el ciberataque paralizó buena parte de los sistemas municipales y los responsables acabaron cediendo a las exigencias de los atacantes. Ahora, casi tres años después, la justicia quiere saber si algo se hizo de forma irregular.
Un concejal investigado por un pago que no firmó
La jueza de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Cangas ha citado como investigado a Antón Iglesias, actual concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Lo curioso del caso es que, cuando ocurrieron los hechos, Iglesias ni siquiera era concejal y tampoco firmó el contrato de urgencia para pagar el rescate y recuperar los datos. Quien lo hizo fue Araceli Gestido, recién llegada entonces a la alcaldía. Por ahora no ha sido llamada a declarar, aunque se da por hecho que la jueza terminará citándola.
El BNG, partido que gobierna en Cangas, ha salido en defensa de Iglesias. Aseguran que goza de toda su confianza y remarcan que el gobierno actuó conforme a los procedimientos legalmente establecidos.
Contratos sin concurso público y una misma empresa
Después del golpe, el Concello contrató a la empresa EVELB Técnicas y Sistemas S.L. para que hiciera un estudio forense de los sistemas afectados. Ese primer contrato costó 5.279 euros, pero no dio ningún resultado. Semanas más tarde volvieron a contratar a la misma compañía, esta vez para recuperar los datos secuestrados. Y aquí sí funcionó, aunque no por métodos técnicos. La empresa negoció directamente con los atacantes y pagó el rescate en bitcoin. La factura del segundo contrato ascendió a 197.847,17 euros.
Link affiliatoHacia finales de 2024, la Fiscalía de Pontevedra llevó el caso al juzgado por indicios de prevaricación, malversación de fondos, daños informáticos y coacciones. Lo que se investiga no es tanto el pago en sí, sino cómo se gestionaron esos contratos, adjudicados sin concurso público y a la misma empresa que ya había fallado en su primer intento. Tanto la administración como la compañía están ahora bajo la lupa.
El ataque se produjo en la madrugada del 18 de mayo de 2023. El ransomware LockBit 3.0 se coló en los ordenadores municipales a través de un correo de phishing abierto por un funcionario. A la mañana siguiente los empleados se encontraron los equipos bloqueados con un mensaje en inglés que exigía el pago. El cifrado afectó a más de la mitad de los ordenadores y dejó fuera de juego departamentos como contabilidad, impidiendo el pago de nóminas y facturas a proveedores.
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Imagen: xataka.com