Cuando alguien paga por una película en formato digital da por hecho que ese contenido le pertenece, igual que ocurre con un libro o un disco físico. La realidad, sin embargo, es bastante distinta, y Sony acaba de recordarlo de la peor manera posible. La compañía ha decidido retirar ciertos títulos de las bibliotecas de quienes los habían pagado, y el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda sobre qué significa realmente comprar en el entorno digital.
Una retirada comunicada con frialdad administrativa
Sony ha actualizado la información relativa a PlayStation Video para avisar de que, al expirar los acuerdos de licencia con StudioCanal, determinados contenidos dejarán de estar disponibles. El comunicado tiene un tono casi de trámite. Se limita a explicar que las películas afectadas desaparecerán de las bibliotecas digitales de quienes las adquirieron y da las gracias. Poco más. Ninguna explicación detallada, ninguna disculpa por el perjuicio y, sobre todo, ninguna referencia a medidas para compensar a quienes pusieron dinero por ese contenido.
Y ese es el primer punto criticable. Sony quizá no sea responsable directa de que caduque la licencia, pero sí lo es de la relación que mantiene con sus clientes. Cuando alguien compra contenido a través de PlayStation Store no está negociando con StudioCanal, sino con Sony. Es Sony quien procesa el pago, quien entrega el archivo y quien ha usado durante años el concepto de compra para vender. Por eso cuesta entender que una situación así se comunique con tanta frialdad, como si retirar películas pagadas por miles de personas fuera apenas una incidencia administrativa.
La otra parte tampoco queda bien. StudioCanal tiene todo el derecho a gestionar sus licencias y a decidir cómo explota su catálogo, pero resulta extraño que una compañía que recupera los derechos de distribución no contemple ninguna fórmula para proteger a quienes adquirieron esas películas de buena fe. Bastaría con ofrecer códigos de canje en otra plataforma, facilitar el acceso mediante un servicio alternativo, plantear una compensación económica o incluso permitir conservar el acceso a quienes ya habían pagado. La salida elegida vuelve a ser la más cómoda para las empresas y la más dañina para el usuario.
Un modelo que castiga siempre al mismo
Lo más preocupante es que este caso está lejos de ser una excepción. Ya hemos visto cosas parecidas en otras plataformas, donde películas, series, libros o incluso videojuegos han desaparecido por cambios en los acuerdos de licencia. El problema no es solo que ocurra, sino que la industria digital parece haber normalizado un modelo en el que el comprador asume todas las consecuencias de decisiones tomadas entre empresas, pese a no haber incumplido ninguna condición de uso.
Y ahí conviene detenerse. Si una película puede esfumarse de la biblioteca años después de haber pagado por ella, quizá deberíamos dejar de hablar de compras y empezar a usar términos más precisos. Comprar implica adquirir la propiedad de un bien. Lo que realmente hacemos en muchos servicios es pagar por una licencia de acceso cuya duración depende de contratos sobre los que no tenemos ningún control. No es solo una diferencia jurídica, es una diferencia enorme en las expectativas que genera una palabra tan cotidiana.
El formato digital tiene ventajas claras. Es cómodo, inmediato y ofrece posibilidades impensables hace pocos años. Precisamente por eso la industria debería tratar a sus clientes con más honestidad. Sony y StudioCanal pueden tener motivos válidos para terminar su acuerdo comercial, pero cuesta aceptar que quienes pagaron sean los únicos que cargan con las consecuencias. Si una compra puede desaparecer con un simple aviso legal y sin compensación alguna, el problema deja de ser solo este caso concreto. Tal vez haya llegado el momento de cuestionar en serio un modelo que sigue presentando como propiedad lo que nunca dejó de ser un permiso de acceso revocable.
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Imagen: muycomputer.com
