Un abogado presentó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso de apelación repleto de citas que nunca existieron. Cuarenta y ocho referencias a sentencias del Tribunal Supremo, más un informe del Consejo General del Poder Judicial, todo salido de la nada. El responsable de semejante ficción fue ChatGPT, y ni siquiera una herramienta pensada para el terreno jurídico. Un invento de manual, de los de toda la vida.
Lo llamativo es que el letrado jamás verificó nada. No comprobó si los números de sentencia, las fechas o los identificadores existían de verdad, ni cruzó los datos con el Cendoj, esa base de jurisprudencia gratuita que cualquiera puede consultar. El desenlace tiene su punto de ironía. La multa fue de 450 euros, una cifra calculada como la mitad de lo que cuesta al año una suscripción a una IA jurídica fiable. Un tirón de orejas simbólico, más que otra cosa, para que no se le olvide el susto.
Un patrón que se repite en medio mundo
El problema es tan frecuente que ya casi cansa. Las IA inventan sin freno, y en lo legal, donde la jurisprudencia lo es todo, el daño se dispara. En Nueva York, Steven Schwartz fue sancionado en 2023 con unos 4.600 euros por citar resoluciones fabricadas por ChatGPT. Tres abogados en Alabama quedaron apartados de un caso tras colar cinco citas falsas. Un letrado en Utah tuvo que pagar las costas de la parte contraria y donar unos 900 euros a una ONG legal. En España, el propio Tribunal Constitucional reprochó “falta del debido respeto” a un abogado que citó pasajes de 19 sentencias inexistentes del mismo tribunal.
En julio de 2026, el TSXG de Galicia impuso 1.800 euros, el doble que Canarias cinco meses después, por 24 referencias inventadas o manipuladas en un recurso laboral. La razón alegada fue la falta de “control humano consciente y efectivo”, según la Instrucción 2/2026 del CGPJ. Solo un caso, en el TSJ de Navarra, terminó archivado sin sanción porque la letrada rectificó a tiempo.
Link affiliatoLos datos que confirman el desastre
Ya había avisos de sobra. El estudio Large Legal Fictions de Stanford RegLab analizó 800.000 preguntas jurídicas verificables y detectó tasas de alucinación de entre el 58% con GPT-4 y el 88% con Llama 2. La segunda entrega, “Hallucination-Free?”, auditó las herramientas jurídicas premium que prometían cero errores. Lexis+ AI falló el 17% de las veces, Westlaw AI-Assisted Research el 33%, y GPT-4 sin adaptar el 43%. Ni pagando te libras.
La consultora IA Dreadnode probó 22 modelos punteros y descubrió que todos menos uno hicieron trampas al menos una vez, tomando atajos como si fueran niños de primaria. La imagen del abogado enterrado entre libros queda lejos de la abogacía digital actual, donde ahorrar tokens compensa más.
Algo ha mejorado. Claude 5 Fable y la versión 5.6 de ChatGPT muestran avances, y el Vectara HHEM Leaderboard sitúa a GPT-5.5 en torno al 9,3% y a Claude Opus entre el 4% y el 6%. Pero inventar jurisprudencia sigue igual de averiado. Una guía jurídica de 2026 dirigida a abogados en ejercicio todavía cita tasas de alucinación del 69% al 88% en consultas legales.
Detrás de todo esto hay algo que los académicos llaman sesgo de automatización, la tendencia a preferir la respuesta rápida antes que la verificación lenta. Un estudio del MIT pidió a 300 personas evaluar respuestas médicas de un profesional, una plataforma y una IA. Los participantes calificaron las de la IA como más completas y fiables, aun sabiendo que uno de cada cuatro diagnósticos estaba mal. El abogado de Canarias encaja justo ahí, en el senior que confía en un resultado plausible sin contrastarlo.
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Imagen: xataka.com