La multa a Google que acaba de firmar la Comisión Europea no es la primera y probablemente tampoco será la última. Bruselas ha vuelto a poner el foco sobre el gigante de las búsquedas por incumplir la Ley de Mercados Digitales, más conocida como DMA, y esta vez la cifra que aparece en la factura ronda los 890 millones de euros. El motivo, según el ejecutivo comunitario, es doble. Por un lado Google habría dado prioridad a sus propios servicios dentro de las búsquedas. Por otro, habría puesto trabas a los desarrolladores que querían mandar a sus usuarios hacia opciones de compra más baratas fuera de Google Play.
Esos 890 millones se reparten así. 460 millones por priorizar los resultados de búsqueda y 430 millones por prácticas ilegales de control en su tienda de aplicaciones. Y no acaba ahí la cosa, porque Google tiene 60 días para corregir estas infracciones. Si no lo hace, se expone a sanciones periódicas que pueden alcanzar el 5% de su facturación mundial. Bruselas, eso sí, reconoce que la compañía ya está probando cambios en ambos frentes y considera que esos movimientos suponen un avance importante hacia el cumplimiento de la norma.
Qué reprocha Bruselas al buscador y a la tienda de apps
El argumento central es sencillo de entender. Según la DMA, los llamados guardianes de acceso no pueden tratar mejor a sus propios servicios que a los de la competencia a la hora de clasificarlos. Deben aplicar reglas transparentes, justas y sin discriminaciones. Y aquí la Comisión ha detectado que Google favorece lo suyo en apartados como compras, hoteles, transporte o resultados deportivos, colocándolos en lo alto de la página o adornándolos con elementos visuales y filtros que los servicios de terceros no reciben.
La otra pata del problema tiene que ver con Google Play. La normativa dice que los desarrolladores deberían poder avisar gratis a sus clientes de que existen ofertas alternativas, a menudo más económicas, y llevarlos hasta esas ofertas, ya sea en webs propias o en tiendas rivales. La Comisión concluye que Google no lo permitió. En concreto, impidió que los desarrolladores se comunicaran libremente con los usuarios, promocionaran ofertas y cerraran contratos por los canales que ellos eligieran. Google puede cobrar una comisión por captar a un nuevo cliente a través de su tienda, sí, pero el nivel de esas comisiones y el tiempo durante el que se aplicaban superaban lo que la Ley de Mercados Digitales considera aceptable.
La reacción de Google y lo que viene después
Como parte de la decisión, además de la sanción económica, Bruselas ha ordenado a Google que ponga fin al incumplimiento. Debe tratar a los servicios de terceros que aparecen en sus resultados de forma justa y sin discriminaciones, y debe dejar que los desarrolladores de Google Play se comuniquen, promocionen y cierren acuerdos con los usuarios tanto dentro como fuera de su tienda.
La compañía, por su parte, ya ha empezado a mover ficha. Ha propuesto y está probando cambios en la manera de mostrar sus propios servicios gratuitos como compras, hoteles y vuelos. También ha tocado la presentación de anuncios de compras y de contenidos relacionados con deportes. Bruselas está evaluando todo esto y seguirá el diálogo con la empresa, incluidas las propuestas sobre cómo aplicar los principios de la decisión a las Vistas generales de IA y al Modo IA.
Hay más frentes abiertos. Tras un dictamen anterior de la UE, Google tendrá que compartir datos de búsquedas y abrir Android a empresas rivales del sector de la inteligencia artificial. Eso significa permitir que agentes de IA de terceros se activen por voz y ejecuten tareas en segundo plano, como reservar mesa en un restaurante mediante aplicaciones ajenas. Y a partir de enero de 2027, la compañía deberá empezar a compartir datos de búsqueda anonimizados con varios competidores, una medida pensada para igualar el terreno de juego.
Google podría recurrir la decisión, como ya hizo en el pasado. La empresa arrastra un largo historial de sanciones en la UE por saltarse las normas y aprovechar su posición dominante. Sin ir más lejos, hace poco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó su recurso y confirmó la multa récord antimonopolio de 4.100 millones de euros. El plazo sigue corriendo. Sesenta días para cumplir, o llegan las penalizaciones de hasta el 5% de la facturación mundial.
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Imagen: muycomputer.com
