La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial ha abierto una grieta que ya no se puede disimular dentro de OpenAI. Siete empleados en activo y un antiguo trabajador de la compañía han puesto sobre la mesa, de forma conjunta, más de 190.000 euros para Guardrails Alliance, un super PAC que pide más salvaguardas para los laboratorios que desarrollan modelos de frontera. Y lo llamativo no es solo la cifra, sino contra quién apunta. Esta organización quiere plantar cara a la influencia política de Leading the Future, otro grupo respaldado, entre otros pesos pesados de Silicon Valley, por el presidente y cofundador de la propia OpenAI, Greg Brockman.
Dos visiones enfrentadas sobre cómo intervenir en la IA
El choque va mucho más allá del dinero. Refleja dos maneras opuestas de entender el papel de la política en el desarrollo de la IA. Guardrails Alliance nació el mes pasado con algo más de 4 millones de euros y aspira a reunir cerca de 13 millones durante este ciclo electoral, con el objetivo de apoyar a candidatos partidarios de poner controles a los sistemas más avanzados. Leading the Future, en cambio, juega en otra liga. Dispone de más de 85 millones de euros y ha convertido la oposición a las normas que considera dañinas para la innovación en uno de sus caballos de batalla, mientras defiende un marco regulatorio federal frente a un mosaico de leyes estatales distintas.
Merece la pena mirar de dónde sale el dinero de los trabajadores. Juan Felipe Cerón Uribe, ingeniero de investigación en OpenAI desde 2022, ha donado él solo unos 175.000 euros, así que concentra la inmensa mayoría de esa aportación conjunta. Gabriel Wu, investigador de seguridad, ha puesto otros 4.400 euros. Julie Steele y Jason Wolfe, dedicados a tareas de alineamiento, han aportado esa misma cantidad cada uno. Y David Farhi, antiguo responsable de investigación de OpenAI, donó unos 2.600 euros.
La postura de Cerón Uribe llama especialmente la atención porque viene de alguien que se dedica precisamente a reducir los posibles daños de estos sistemas. El investigador cuenta que ha pasado los últimos cuatro años estudiando estrategias de mitigación y teme que buena parte de ese esfuerzo no sirva de nada si al final no existen reglas que obliguen por ley a las compañías a responder por cómo desarrollan la inteligencia artificial. También ha criticado que grandes fortunas del sector puedan usar su músculo económico para moldear el marco legal bajo el que operarán sus propias empresas.
Link affiliatoUna batalla que ya se juega en las urnas
La tensión no se queda en las donaciones. La participación de Brockman en Leading the Future ya había incomodado a algunos empleados, que pidieron cuentas a la dirección sobre la relación de OpenAI con el super PAC. La empresa sostiene que la actividad política de su presidente es a título personal y no en nombre de OpenAI, y recuerda que sus trabajadores son igual de libres para donar o asesorar a candidatos y organizaciones por su cuenta. El conflicto, entonces, no enfrenta formalmente a OpenAI con su plantilla, pero deja al descubierto posiciones opuestas dentro de su propio ecosistema sobre qué tipo de regulación necesita la industria.
La diferencia de recursos entre ambos bandos es, además, abismal. Guardrails Alliance apunta a esos 13 millones de euros, mientras que Greg Brockman y su esposa, Anna, se han comprometido de forma conjunta a aportar unos 43 millones de euros a Leading the Future. Incluso sumando el resto de apoyos, Guardrails está muy lejos de competir dólar por dólar con su rival. Sus responsables dicen que no les hace falta y confían en que una opinión pública favorable a poner límites y responsabilidades compense en parte esa desventaja financiera.
La pelea ya ha aterrizado de lleno en las elecciones estadounidenses. Los grupos que piden una regulación más dura y los más cercanos a la industria están gastando millones para respaldar o intentar tumbar a candidatos según lo que piensen sobre inteligencia artificial. Y el fenómeno no se limita a OpenAI. Anthropic ha elevado hace poco a unos 34 millones de euros su apoyo total a Public First Action, otro grupo que empuja salvaguardas para los sistemas avanzados. Así, la regulación de la IA ha dejado de ser solo una charla entre tecnólogos y legisladores para volverse también un terreno de campaña con cifras cada vez más gordas.
Y quizá sea justo dentro de OpenAI donde todo esto se ve con más claridad. Por un lado, uno de sus máximos responsables destina decenas de millones a una organización que quiere frenar regulaciones que juzga perjudiciales para el sector. Por otro, varios de los profesionales que trabajan codo con codo con estos sistemas están sacando dinero de su bolsillo para pedir más controles y responsabilidades. Las cantidades no tienen nada que ver y ocho personas no representan a toda la plantilla, pero el episodio pone sobre la mesa algo cada vez más difícil de ignorar. Quienes están construyendo la inteligencia artificial más avanzada tampoco se ponen de acuerdo sobre quién debe ponerle límites, cuáles deberían ser y cuánto poder deberían tener las propias tecnológicas para decidirlo.
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Imagen: muycomputer.com