Española de Telefonía ha llegado al mercado con mucho ruido y, casi de inmediato, con problemas serios. La nueva operadora apadrinada por Bertín Osborne se presentó con un eslogan que prometía hacer “las cosas bien hechas, las cosas a derechas”, pero el debut ha chocado de frente con una realidad incómoda. FACUA ha presentado varias denuncias contra la empresa matriz, acusándola de arrancar sus operaciones acumulando irregularidades de todo tipo.
La asociación de consumidores apunta que la compañía vulnera hasta cinco leyes distintas. Hablamos de normativas que protegen a los consumidores, que regulan la publicidad, que controlan la competencia desleal y que velan por la protección de datos. Las reclamaciones ya han salido camino de organismos como la AEPD para que investiguen y, si toca, sancionen las prácticas de esta teleco recién nacida que utiliza la red de Movistar.
Publicidad engañosa y un contrato que no aparece
Uno de los puntos calientes tiene que ver con la publicidad engañosa. La campaña de su plan básico, la llamada “Tarifa España”, presume de ofrecer llamadas ilimitadas y 25 GB de datos por 7,50 euros al mes. La empresa lo vende como un “precio imbatible”, pero FACUA desmonta esa afirmación porque existen alternativas que dan exactamente lo mismo por menos dinero. Esto supondría saltarse la Ley General de Publicidad y la de Competencia Desleal.
Hay otro frente que tampoco pinta bien. Cuando alguien quiere contratar una línea, la ley obliga a una transparencia total. Sin embargo, la web de la operadora no muestra las condiciones del contrato ni dice nada sobre el derecho de desistimiento, ese que permite cancelar el alta durante los primeros 14 días. Esa ausencia choca con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Link affiliatoAtención al cliente de pago y una privacidad con agujeros
La cosa sigue. La Ley General de Telecomunicaciones obliga a tener un número de atención gratuito, y aquí no lo hay. Española de Telefonía solo facilita un móvil y un fijo con prefijo de La Rioja. Y un detalle curioso que cuenta la propia organización: al llamar, una IA recibe al cliente con un “viva España”.
Por si fuera poco, cuando el usuario introduce sus datos, el proceso de recogida de información personal también flojea. El enlace a la política de privacidad no funciona y el portal no tiene apartado de aviso legal. Menciona a la empresa responsable, sí, pero se olvida del domicilio social, algo que exige la Ley de servicios de la sociedad de la información.
FACUA ya ha adelantado que sigue estudiando el caso y no descarta encontrar faltas todavía más graves en los próximos días. Ahora la decisión queda en manos de las autoridades, que tendrán que investigar si estas presuntas infracciones acaban en una sanción para la operadora de Osborne.
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